Los empresarios tendrán mayores costos judiciales, presunciones de AFIP contrarias a una mayor competitividad y pérdida del derecho a remanentes en las quiebras.
* Impulsan proyecto para que las empresas paguen la totalidad de las costas, en juicios laborales
Una iniciativa, que ya fue girada a la Comisión de Legislación Laboral de Diputados, propone modificar la el artículo 37 de la Ley 18.345, para prohibir que se le impongan costas al trabajador, salvo que sea rechazada la demanda en su totalidad.
De acuerdo con el texto del proyecto, presentada por los diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse, se introduce una modificación al procedimiento laboral, que en su redacción actual señala: “En los incidentes, las costas serán soportadas por la parte vencida, pero se podrá eximirla únicamente cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho”.
Si se aprueba la iniciativa, se agregaría lo siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, con respecto a los incidentes, la sentencia definitiva no podrá imponer al trabajador las costas del proceso sino en el supuesto de rechazo total de la demanda”.
Y además se busca incluir que: “En caso de que el resultado fuere parcialmente favorable al trabajador, las costas serán impuestas a la empleadora. Los jueces podrán apartarse de esta regla cuando de la apreciación prudencial del escrito de demanda resultare notoria la sinrazón para litigar”.
El proyecto también apunta a modificar el artículo 40 de la mencionada ley, que-en su texto vigente-indica que “los honorarios de los auxiliares de la justicia, designados de oficio, serán exigibles a cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que tendrá la que haya pagado contra la condenada en costas”.
De convertirse en ley, el nuevo texto indicará que “en ningún caso será exigible al trabajador no condenado en costas el pago, total ni parcial, de los honorarios de los auxiliares de la Justicia designados de oficio”.
* La AFIP podrá determinar la cantidad mínima de empleados para cada empresa
Buenos Aires (Infobae Profesional) — Con la mira puesta en combatir el trabajo en negro y la evasión previsional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dará el primer paso para poner en marcha las presunciones de la seguridad social. Se trata de criterios objetivos que establecen la cantidad mínima de empleados necesarios para concretar un trabajo en la actividad comercial e industrial.
En esta primera etapa, el titular del fisco nacional, Ricardo Echegaray se reunirá con sectores de la construcción y textiles. En estos encuentros, a realizarse en la sede de la AFIP, participarán representantes patronales, sindicales e instituciones técnicas.
De esta manera Echegaray saca del archivo una idea que ya estaba establecida en el plan antievasión II sancionado por el Congreso Nacional en 2005. “Esta herramienta de control permitirá defender el empleo registrado, combatir la informalidad laboral y desalentar la competencia desleal entre los empresarios”, informaron desde la AFIP.
El plan antievasión II faculta a la AFIP a determinar de oficio las obligaciones de seguridad social (aportes y contribuciones previsionales) cuando resulte impugnable una declaración jurada ó cuando el empleador no la haya presentado. La ley especifica que si el organismo carece de estos elementos podrá estimar la cantidad de empleados y aportes previsionales necesarios para desarrollar una actividad.
* Boudou fue a Diputados por la Ley de Quiebras y dijo que la iniciativa busca “cuidar los empleos”
Buenos Aires, (NA) — El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró hoy que el proyecto de reforma de la Ley de Quiebras impulsado por el Poder Ejecutivo apunta a la “protección y el cuidado de los puestos de trabajo en la República Argentina”.
Al defender la iniciativa en la Cámara baja, el funcionario dijo que las modificaciones previstas en el proyecto permitirán incorporar “valores esenciales” para el futuro de los trabajadores.
La iniciativa oficial pretende dificultar los procesos para que las empresas puedan presentar quiebras, con el objetivo de aumentar el saneamiento de los balances y mejorar así la defensa de los puestos de trabajo.
Entre otros puntos del proyecto se destacan “los conceptos de empresa en marcha y de carácter social”, y la “posibilidad institucionalizada del ingreso de las cooperativas” conformadas por empleados para lograr la disolución de firmas.
“Este proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo tiene que ver básicamente con la protección y el cuidado de los puestos de trabajo en la República Argentina”, aseguró Boudou al hablar frente a los diputados.
La idea del Gobierno consiste en introducir modificaciones en la Ley de Concursos y Quiebras que permitan la autogestión de los trabajadores cuando las empresas se encuentren en vías de disolución.
Boudou recordó que “el año pasado se proveyeron 318 concursos y se decretaron 1.084 quiebras y este año, hasta agosto, fueron 150 concursos y 488 quiebras, y esto tiene que ver con una problemática de la economía argentina que vale la pena ocuparse”.
“Hasta el momento las soluciones fueron parciales a través de los movimientos de autogestión, de los cuales 236 se encuentran en la provincia de Buenos Aires, y en cuanto a las actividades, un 22 por ciento son metalúrgicos; 19 por ciento, servicios; y 16 por ciento, alimentos”, dijo.