Gobierno bonaerense pide que se abran 770 cajas de seguridad de contribuyentes evasores
Buenos Aires, abr. 20 (NA) — El Gobierno bonaerense pidió a la Justicia la apertura de 770 cajas de seguridad pertenecientes a “grandes contribuyentes” considerados como evasores o en mora, pero hasta el momento sólo se han bloqueado “unas 200”.
Así lo precisó hoy el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya.
“En esas cajas puede o no haber valores, pero el contribuyente que pretende esconder su patrimonio para evitar hacer frente a las deudas impositivas que tiene con la provincia, ya no puede contar más con ese recurso de las cajas de seguridad”, sostuvo el funcionario.
En declaraciones radiales, Montoya señaló que esta decisión de la Justicia “significa que (los deudores) van a pensar dos veces antes de guardar dinero en cajas de seguridad”.
Rentas de la Provincia formuló ante la Justicia pedidos de embargo y de allanamiento de cajas de seguridad pertenecientes a personas consideradas “grandes contribuyentes” evasores o en mora con el pago de los impuestos provinciales.
La intención, ya anticipada en diciembre último por el subsecretario de Ingresos Públicos y ahora puesta en marcha, es cobrar esas deudas impositivas tomando los eventuales “contenidos” de las cajas.
Las presentaciones fueron elevadas ante jueces en lo Contencioso Administrativo de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Hasta ahora todos los magistrados están evaluando las demandas, no habiéndose expedido por el momento ninguno de ellos ni afirmativa ni negativamente ante el requerimiento del Poder Ejecutivo.
Los pedidos de embargo y apertura de las cajas de seguridad son realizados por la Dirección de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía, pero las presentaciones ante la Justicia son realizadas por la Fiscalía de Estado de la Provincia, cuyo titular es Ricardo Szelagowski.
Los requerimientos ante los magistrados se realizaron luego de que, a través del Banco Central, las entidades bancarias suministraron la información que Rentas bonaerense les pidió sobre la posible tenencia de cajas de seguridad -y su identificación, en caso afirmativo- por parte de un nutrido grupo de contribuyentes a los que considera “grandes” y en situación de “evasores” o “morosos”.
Según trascendió, la Fiscalía de Estado fundó los pedidos de embargo y allanamiento en que el sistema bancario argentino “no constituye un paraíso fiscal”.
Las cajas tienen su razón de ser en cuestiones de seguridad de los valores allí guardados por posibles robos, pero no porque se consideren “secretos” los elementos que se depositan en las cajas, sostuvo la Fiscalía.
Asimismo, los abogados del Estado habrían argumentado que, dado que las leyes disponen que el patrimonio de los deudores es prenda del acreedor, no hay factores que exceptúen a las cajas de seguridad de esas normas, sobre todo teniendo en cuenta que e algunos fallos han considerado pasibles de remate, por pedido de los acreedores, hasta los inmuebles constituidos como bienes de familia.
Así lo precisó hoy el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya.
“En esas cajas puede o no haber valores, pero el contribuyente que pretende esconder su patrimonio para evitar hacer frente a las deudas impositivas que tiene con la provincia, ya no puede contar más con ese recurso de las cajas de seguridad”, sostuvo el funcionario.
En declaraciones radiales, Montoya señaló que esta decisión de la Justicia “significa que (los deudores) van a pensar dos veces antes de guardar dinero en cajas de seguridad”.
Rentas de la Provincia formuló ante la Justicia pedidos de embargo y de allanamiento de cajas de seguridad pertenecientes a personas consideradas “grandes contribuyentes” evasores o en mora con el pago de los impuestos provinciales.
La intención, ya anticipada en diciembre último por el subsecretario de Ingresos Públicos y ahora puesta en marcha, es cobrar esas deudas impositivas tomando los eventuales “contenidos” de las cajas.
Las presentaciones fueron elevadas ante jueces en lo Contencioso Administrativo de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Hasta ahora todos los magistrados están evaluando las demandas, no habiéndose expedido por el momento ninguno de ellos ni afirmativa ni negativamente ante el requerimiento del Poder Ejecutivo.
Los pedidos de embargo y apertura de las cajas de seguridad son realizados por la Dirección de Rentas, dependiente del Ministerio de Economía, pero las presentaciones ante la Justicia son realizadas por la Fiscalía de Estado de la Provincia, cuyo titular es Ricardo Szelagowski.
Los requerimientos ante los magistrados se realizaron luego de que, a través del Banco Central, las entidades bancarias suministraron la información que Rentas bonaerense les pidió sobre la posible tenencia de cajas de seguridad -y su identificación, en caso afirmativo- por parte de un nutrido grupo de contribuyentes a los que considera “grandes” y en situación de “evasores” o “morosos”.
Según trascendió, la Fiscalía de Estado fundó los pedidos de embargo y allanamiento en que el sistema bancario argentino “no constituye un paraíso fiscal”.
Las cajas tienen su razón de ser en cuestiones de seguridad de los valores allí guardados por posibles robos, pero no porque se consideren “secretos” los elementos que se depositan en las cajas, sostuvo la Fiscalía.
Asimismo, los abogados del Estado habrían argumentado que, dado que las leyes disponen que el patrimonio de los deudores es prenda del acreedor, no hay factores que exceptúen a las cajas de seguridad de esas normas, sobre todo teniendo en cuenta que e algunos fallos han considerado pasibles de remate, por pedido de los acreedores, hasta los inmuebles constituidos como bienes de familia.