Buenos Aires, junio 22 (Clarín). En cuatro años de funcionamiento la Unidad de Información Financiera (UIF) no logró ni una condena judicial por lavado de dinero en la Argentina, aunque denunció 64 casos en la Justicia.
El resultado parece inverosímil en un país con un buen porcentaje de su economía en negro y con un aumento del tráfico de drogas y considerables niveles de corrupción, según Transparencia Internacional. Entonces, ¿por qué ha tenido tanta falta de resultados? La respuesta puede estar en las peleas que rodearon a la UIF, en la resistencia de algunas casas de cambio, financieras y bancos en colaborar, entre otros factores, y, según el Gobierno, en su “estructura colegiada”.
Por esta última razón, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, impulsa un proyecto para reducir los directores de la UIF de cinco a un presidente y un vicepresidente con un organismo asesor integrado por representantes del Banco Central y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), entre otros. El proyecto de reestructuración de la UIF fue aprobado el miércoles por Diputados y ahora pasó al Senado. En apoyo de su proyecto, el Ministerio de Justicia dejó trascender que los miembros de la UIF hicieron una cantidad “enorme” de viajes al exterior en vez de investigar aquí, y aseguró que el organismo de la ONU contra el lavado llamado GAFI propone la dirección de este tipo de agencias de investigación contra el lavado en una persona y no en organismos colegiados.
La UIF había nacido mal en 2000 cuando se sancionó la Ley 25.246, aunque ese organismo recién estuvo operativo dos años después. Ya durante el menemismo la creación de la UIF, que era reclamada por la DEA —la agencia antidrogas de los EE.UU.—, había provocado peleas de palacio entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el titular del Banco Central, Roque Fernández. Todos la querían tener bajo su ala. Finalmente, quedó en el Ministerio de Justicia y con carácter autárquico.
Luego, durante el gobierno de De la Rúa siguieron los roces. El delarruismo bloqueó, por ejemplo, la designación del ex jefe de Inteligencia Fiscal de la DGI y uno de los mayores expertos en el tema, Carlos García Lorea, a pesar de que había ganado una plaza en la UIF por concurso. García Lorea es hoy asesor del gobernador de Chubut, Mario Das Neves.
Después de esos tironeos, la UIF quedó en manos de la ex directora y experta del Banco Central Alicia López, quien ganó por concurso y logró que los contadores, al igual que los banqueros, tuvieran la obligación de reportar casos sospechosos de lavado.
López peregrinó en el Congreso y los gobiernos de turno para conseguir presupuesto y personal propios. En 2002, López afirmó que el titular de la AFIP, Alberto Abad, no le daba información a la UIF “hasta que no tuviera una silla” en el organismo para un hombre de su confianza. Voceros de Abad consultados por Clarín afirmaron, en cambio, que la negativa fue porque la ley 11.683 de Secreto Fiscal autoriza al titular de la AFIP a dar declaraciones juradas de impuestos u otra información confidencial sólo a un juez, al ministro de Economía o al Presidente.
En una carta dirigida al presidente Néstor Kirchner con su renuncia de fines del año pasado y a la que tuvo acceso Clarín, López dijo que en 2002, durante la gestión duhaldista, tuvo que “luchar para que en la Sedronar no se constituyera una UIF paralela”.
Pero las peleas siguieron también durante la gestión de Kirchner. López y otros de los miembros de la UIF colisionaron con el presidente del Banco Central, Martín Redrado. Cuestionaban los seminarios sobre el tema que organizaba Redrado al margen de la UIF y la resolución “A” 4.273, que obliga a los bancos a reportar operaciones financieras sospechosas al BCRA.
Pero los conflictos no eran sólo dentro del Gobierno. López citó al fiscal de la Cámara Federal, Raúl Pleé, a quien le atribuyó haber afirmado en un seminario que “la UIF tenía legalmente facultades muy limitadas y que jueces y fiscales no respondieron de la forma que esperábamos” para investigar a los denunciados.
Pero a las peleas sobrevino otro golpe mortal contra la UIF. El Gobierno no reemplazó a López ni a los otros directores que terminaron sus mandatos. Para colmo, Marcelo Sain está con licencia desde que a principios del año pasado pasó a dirigir la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Así, desde el 15 de mayo la UIF no puede funcionar legalmente.