(Diario La Nación):
* Ahora deberán demostrar su actividad principal en el país de origen y someterse a la legislación argentina
* La norma busca que no se diluyan las responsabilidades de los dueños
Desde que Ricardo Nissen asumió en 2003 la conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo se convirtió en el eje de las polémicas respecto de los nuevos controles que impuso a las sociedades.
Acostumbrado a debatirse entre defensores y detractores de sus postulados, Nissen redobló la apuesta ayer y prohibió la inscripción de sociedades extranjeras que no tengan actividades en su territorio originario, más conocidas como off shore.
“No vamos a ser un simple guardapapeles. Vamos a controlar las sociedades”, dijo a LA NACION en una entrevista publicada en septiembre pasado. Por ese entonces se cumplía un año desde que las primeras resoluciones mediante las que implementó controles y requisitos para las sociedades extranjeras que querían inscribirse en la Capital Federal.
Según sus números, desde el 1° de enero de 2003 al 2 de septiembre de ese año (fecha en que se dictaron las primeras resoluciones), se inscribieron 444 sucursales de sociedades extranjeras. Cuando había transcurrido el primer año de vigencia de las modificaciones al régimen -en septiembre de 2004-, el número había bajado a 147.
Por entonces, las modificaciones que introdujo despertaron polémicas y discusiones en cuanto congreso de derecho comercial se celebraba.
Varios estudios con carteras de clientes internacionales alzaron sus quejas con el argumento de que el cúmulo de resoluciones y normativas no hace más que entorpecer el mundo de los negocios, crear inseguridad jurídica y echar un manto de sospechas sobre las inversiones genuinas.
Entramado societario
Nissen -que siempre se encarga de aclarar que no por ser off shore se trata de una sociedad fraudulenta- se mantuvo firme en el rumbo de su gestión.
La tragedia de República Cromagnon avivó el debate. Allí se conjugan empresas con socios que serían testaferros, falta de garantías, varios períodos de pérdidas y poco capital social. Hasta hoy, a un mes y medio del incendio, no se sabe quiénes son los verdaderos dueños del lugar.
En los argumentos de la resolución que se firmó ayer, la IGJ hace expresa mención de lo que sucedió en Once.
Fue la gota que colmó el vaso. Entonces se decidió pasar de un control estricto a una prohibición