Caso Olmos: Cómo y quiénes endeudaron al país entre 1976 y 1982
Buenos Aires, ene. 21 (NA) — Cómo y quiénes llevaron adelante el “endeudamiento forzoso” del país durante la última dictadura militar son algunas de las cuestiones que aborda el libro de Alejandro Olmos, el abogado que impulsó la causa penal que demostró la “ilegitimidad” de la deuda externa.
Así lo estableció un fallo del Juzgado Federal número 2 que el 13 de julio de 2000 -18 años después de presentada la denuncia- le dio la razón a Olmos, pero sobreseyó a los imputados por el tiempo transcurrido.
“La deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron”, es el nombre del libro que Olmos escribió antes de morir, aunque no pudo ver la sentencia judicial porque falleció 80 días antes.
La publicación, que Ediciones Peña Lillo-Continente lanzó por sexta vez, detalla el recorrido y contenido de la voluminosa causa penal, que se inició en 1982, cuando todavía no había retornado la democracia.
Según afirma en el prólogo Juan Carlos Foerster -funcionario judicial que redactó la resolución de la causa-, “de la investigación se desprende que los hechos se cometieron en forma reiterada, como mínimo, en no menos de 477 oportunidades”.
“Esto surge de sumar 423 préstamos externos concertados sólo por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional y que no fueron satisfechas a su vencimiento”, precisa Foerster.
Agrega: “La investigación acreditó con pruebas fehacientes el carácter fraudulento de una supuesta ‘deuda’ que el país no tiene, ya que para que exista debe ser lícita en su origen y por las condiciones en que se concertaron los préstamos se trata de una ‘deuda’ fraguada para salvar a la banca internacional”.
A través de más de 250 páginas y su apéndice documental en el libro se explica “la forma en que las empresas públicas fueron obligadas por la autoridad económica, a través del Banco Central, a endeudarse con la banca privada internacional, aún sin necesitar financiamiento”.
“En muchos casos, como en el ejemplo de Agua y Energía Eléctrica se obligó a las empresas a cancelar obligaciones crediticias con bancos locales, mediante préstamos que debían contratar en el exterior. Los acreedores externos reemplazaban, así, a los bancos del país”, explica Olmos basándose en una declaración del ex presidente de la firma Héctor Pérez Pesce.
Olmos precisa que “en casi la totalidad de las empresas públicas no percibieron un solo dólar de su supuesta deuda externa”.
Detalla, además, cómo fue que por disposición de la Secretaría de Hacienda, el Tesoro Nacional, “otorgaba avales a empresas privadas que -como Acindar, Papel Prensa, Papel de Tucumán, Govimet, Interama, Alto Paraná SA, Austral, y otras- no afrontaron a su vencimiento sus obligaciones de pago con el exterior”.
“Eso determinó que el Estado nacional asumiera la atención e tales compromisos y ‘los avales caídos’ le significaron al país importantes pérdidas”, agrega.
También cuenta algunas cosas por demás increíbles como que “el Banco Central no tenía registrada la deuda externa al iniciarse el juicio pernal en octubre de 1982, según lo informó al Juzgado Federal el (entonces) presidente de esa entidad Julio García del Solar”.
Eso fue ratificado muchos años después, durante el gobierno de Carlos Menem, por el ministro de Economía Domingo Cavallo, quien reconoció que la Argentina no tenía un detalle de la deuda y que pagaba sus vencimientos según lo pidieran los acreedores.
Así lo estableció un fallo del Juzgado Federal número 2 que el 13 de julio de 2000 -18 años después de presentada la denuncia- le dio la razón a Olmos, pero sobreseyó a los imputados por el tiempo transcurrido.
“La deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron”, es el nombre del libro que Olmos escribió antes de morir, aunque no pudo ver la sentencia judicial porque falleció 80 días antes.
La publicación, que Ediciones Peña Lillo-Continente lanzó por sexta vez, detalla el recorrido y contenido de la voluminosa causa penal, que se inició en 1982, cuando todavía no había retornado la democracia.
Según afirma en el prólogo Juan Carlos Foerster -funcionario judicial que redactó la resolución de la causa-, “de la investigación se desprende que los hechos se cometieron en forma reiterada, como mínimo, en no menos de 477 oportunidades”.
“Esto surge de sumar 423 préstamos externos concertados sólo por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional y que no fueron satisfechas a su vencimiento”, precisa Foerster.
Agrega: “La investigación acreditó con pruebas fehacientes el carácter fraudulento de una supuesta ‘deuda’ que el país no tiene, ya que para que exista debe ser lícita en su origen y por las condiciones en que se concertaron los préstamos se trata de una ‘deuda’ fraguada para salvar a la banca internacional”.
A través de más de 250 páginas y su apéndice documental en el libro se explica “la forma en que las empresas públicas fueron obligadas por la autoridad económica, a través del Banco Central, a endeudarse con la banca privada internacional, aún sin necesitar financiamiento”.
“En muchos casos, como en el ejemplo de Agua y Energía Eléctrica se obligó a las empresas a cancelar obligaciones crediticias con bancos locales, mediante préstamos que debían contratar en el exterior. Los acreedores externos reemplazaban, así, a los bancos del país”, explica Olmos basándose en una declaración del ex presidente de la firma Héctor Pérez Pesce.
Olmos precisa que “en casi la totalidad de las empresas públicas no percibieron un solo dólar de su supuesta deuda externa”.
Detalla, además, cómo fue que por disposición de la Secretaría de Hacienda, el Tesoro Nacional, “otorgaba avales a empresas privadas que -como Acindar, Papel Prensa, Papel de Tucumán, Govimet, Interama, Alto Paraná SA, Austral, y otras- no afrontaron a su vencimiento sus obligaciones de pago con el exterior”.
“Eso determinó que el Estado nacional asumiera la atención e tales compromisos y ‘los avales caídos’ le significaron al país importantes pérdidas”, agrega.
También cuenta algunas cosas por demás increíbles como que “el Banco Central no tenía registrada la deuda externa al iniciarse el juicio pernal en octubre de 1982, según lo informó al Juzgado Federal el (entonces) presidente de esa entidad Julio García del Solar”.
Eso fue ratificado muchos años después, durante el gobierno de Carlos Menem, por el ministro de Economía Domingo Cavallo, quien reconoció que la Argentina no tenía un detalle de la deuda y que pagaba sus vencimientos según lo pidieran los acreedores.