Aseguran que este año hay un fuerte crecimiento de demandas laborales
Buenos Aires, julio 2 (NA) — Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales generarán unas 12 mil nuevas demandas durante este año, con lo que se retornará a niveles de litigiosidad anteriores a 1996, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
“El proceso de masificación de los conflictos judiciales en el ámbito laboral esta en pleno desarrollo”, advirtió la entidad que se dedica a realizar estudios vinculados al mercado del trabajo.
En este sentido, la entidad hizo referencia a una sentencia dictada en mayo donde se declara la inconstitucionalidad de aspectos claves de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).
El caso se refiere a una incapacidad total de un trabajador que percibía una remuneración de 1.300 pesos mensuales, aunque aparentemente habría un complemento importante pagado “en negro”.
La sentencia fija, además de la indemnización y sus respectivos intereses, los siguientes montos de honorarios: para el abogado del trabajador 151 mil pesos, y para los peritos 170 mil distribuidos en partes idénticas entre médico, ingeniero y contador.
“En términos comparativos, esto implica que el trabajador damnificado tendría que haber trabajado casi 19 años para cobrar lo mismo que en un sólo caso cobran los profesionales intervinientes en el juicio”, explicó la entidad.
Sobre este fallo, IDESA consideró que “en la medida que el Poder Judicial se arrogue facultades de los otros poderes del Estado, no sólo se genera una anomalía institucional, sino que se potencian las transferencias regresivas de ingresos hacia la intermediación”.
Asimismo, advirtió que “se pierde la oportunidad de generar los incentivos para que se adopten más y mejores medidas de prevención en los riesgos del trabajo”.
Para IDESA, “los procesos judiciales son lentos y económicamente muy costosos y, por lo tanto, solo se justifican en casos excepcionales”.
Por otra parte, indicó que “uno de los cuestionamientos es que los resarcimientos son bajos y el argumento, que puede ser muy valedero, parece obviar que fijar el valor económico a la vida humana exige un acto de discrecionalidad”.
“El Poder Judicial debería reservar sus intervenciones para casos complejos y excepcionales, y no avanzar sobre facultades legislativas ni ejecutivas”, advirtió la entidad.
En este sentido, la entidad hizo referencia a una sentencia dictada en mayo donde se declara la inconstitucionalidad de aspectos claves de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).
El caso se refiere a una incapacidad total de un trabajador que percibía una remuneración de 1.300 pesos mensuales, aunque aparentemente habría un complemento importante pagado “en negro”.
La sentencia fija, además de la indemnización y sus respectivos intereses, los siguientes montos de honorarios: para el abogado del trabajador 151 mil pesos, y para los peritos 170 mil distribuidos en partes idénticas entre médico, ingeniero y contador.
“En términos comparativos, esto implica que el trabajador damnificado tendría que haber trabajado casi 19 años para cobrar lo mismo que en un sólo caso cobran los profesionales intervinientes en el juicio”, explicó la entidad.
Sobre este fallo, IDESA consideró que “en la medida que el Poder Judicial se arrogue facultades de los otros poderes del Estado, no sólo se genera una anomalía institucional, sino que se potencian las transferencias regresivas de ingresos hacia la intermediación”.
Asimismo, advirtió que “se pierde la oportunidad de generar los incentivos para que se adopten más y mejores medidas de prevención en los riesgos del trabajo”.
Para IDESA, “los procesos judiciales son lentos y económicamente muy costosos y, por lo tanto, solo se justifican en casos excepcionales”.
Por otra parte, indicó que “uno de los cuestionamientos es que los resarcimientos son bajos y el argumento, que puede ser muy valedero, parece obviar que fijar el valor económico a la vida humana exige un acto de discrecionalidad”.
“El Poder Judicial debería reservar sus intervenciones para casos complejos y excepcionales, y no avanzar sobre facultades legislativas ni ejecutivas”, advirtió la entidad.