Este aumento pone hoy a la Argentina en niveles elevados en las comparaciones internacionales, casi a la altura de países europeos de los que tradicionalmente hemos distado. En efecto, la presión tributaria en España es del 34 por ciento, y en el Reino Unido, del 37. En los Estados Unidos, es del 29 por ciento, y en Chile, donde gran parte de las cargas sociales no son consideradas tributos por destinarse al sistema privado de jubilaciones, es de sólo el 19.
Los porcentajes anteriores no expresan, sin embargo, toda la incidencia de los impuestos en la economía de las personas o de las empresas. Habiendo una evasión significativa, la carga real para quienes no evaden es notablemente mayor. Una empresa industrial mediana que cumple con todos sus impuestos llega a tributar entre el 40 y el 45 por ciento de sus ventas. Un productor agropecuario que cultiva y comercializa soja de exportación deja en manos del Estado, entre retenciones y otros impuestos, alrededor del 60 por ciento del valor internacional de su producción. Estas altas incidencias desalientan la producción y crean un fuerte incentivo para evadir.
Lo que ocurre en la Argentina no debe adjudicarse exclusivamente a un bajo nivel ético y moral. Es cierto que la evidencia de dispendio y corrupción estatal lleva a muchos, equivocadamente, a justificar la evasión, pero además se produce un verdadero círculo vicioso cuando el Gobierno intenta compensar la alta evasión aumentando las alícuotas impositivas, lo que induce a más evasión, y así sucesivamente. Hay actividades que desaparecerían, en caso de cumplir con todas sus obligaciones impositivas. Para muchos, la evasión es una condición de supervivencia, lo que no la justifica, pero habla de la elevada carga impositiva formal.
El exponencial aumento de la presión tributaria es lo que ha hecho factible mantener el superávit de las cuentas públicas a pesar del notable incremento del gasto, observado desde el año 2003. Una parte relevante de la mayor recaudación ha provenido de los derechos de exportación o retenciones, que se vieron impulsadas por el aumento reiterado de las alícuotas aplicadas y de los altos precios internacionales. Otro componente de la escalada impositiva ha sido el llamado impuesto al cheque, que produce una pesada carga para el comercio y que, además, desalienta la bancarización e incentiva la informalidad. También hubo aumentos significativos en la alícuota del impuesto a los bienes personales, hasta el punto de sustraer una gran parte de cualquier rendimiento que una persona que declare todas sus ganancias y bienes pueda obtener de sus ahorros.
Por otro lado, la creciente inflación está produciendo una multiplicación del impuesto a las ganancias sobre las empresas, que no pueden hoy legalmente ni indexar ni ajustar sus balances. La última vuelta de tuerca en la búsqueda de mayor recaudación fue la del aumento de las retenciones agrícolas establecido el 11 de marzo último, que sobrepasó los límites admisibles y provocó la notable reacción del campo. Este ha sido un caso de rebelión fiscal que ha puesto de manifiesto los límites de la presión tributaria.
El probable enfriamiento de la economía, así como la estabilización externa de los precios agrícolas, no conjugará favorablemente con una tan elevada presión impositiva. Si se pretendiera usar anticíclicamente la política fiscal, caerían necesariamente los ingresos y difícilmente se podría sostener el superávit primario suficiente para pagar los intereses de la deuda pública. Esto pone de manifiesto la importancia de actuar estructuralmente sobre el gasto público y de contar con un programa fiscal sólido para el mediano y largo plazo.
Cualquier intento de continuar aumentando la presión impositiva será como exprimir una naranja que ya ha agotado todo su jugo.