ART: PROYECTO POSITIVO

La nueva ley de ART aumenta el tope de indemnización que pagarán las aseguradoras e incorpora enfermedades al listado
Buenos Aires, 4 noviembre (NA) — El tope de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, del que se harán cargo las ART, pasará de 36.000 a 180.000 pesos y se conformará el Comité de Vigilancia que tendrá facultades para incorporar nuevas enfermedades al listado actual para su cobertura, de acuerdo con el proyecto de riesgos de trabajo del Gobierno.
La iniciativa será adoptada a través de un decreto del Poder Ejecutivo hasta que el año próximo se discuta un nuevo proyecto mediante el mecanismo de audiencias públicas previas, que luego será enviado al Parlamento.
Según fuentes sindicales, el decreto mejora la fórmula de las indemnizaciones, y los pagos por incapacidad laboral, y también el pago de otros ítems que dispone el régimen, al elevarse el tope indemnizatorio, que ahora es de 36.000 pesos.
Los detalles trascendieron hoy de distintas fuentes que participaron hoy de las reuniones que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada mantuvo hoy con empresarios y sindicalistas.-
El titular de la cartera laboral presentó los resultados de las discusiones realizadas en el Comité Consultivo de Riesgos de Trabajo, en el cual estaban representados todos los sectores.
El ministro les anunció la decisión del Gobierno sobre la próxima sanción de un decreto que recogió los principales puntos de esas reuniones.
Según informó la cartera laboral los sectores empresarios y sindicales “expresaron su acompañamiento a esta normativa, y sin perjuicio de las diferencias que aún subsisten”.
El comunicado oficial señaló que los participantes de los encuentros con el ministro “expresaron la importancia de este avance en las cuestiones vinculadas a la reparación del daño (indemnizaciones), mejora en el control de las prestaciones médicas y a la necesidad de reducción de los costos en el sistema, en particular para las pequeñas empresas”.
Tomada se reunió hoy para detallar los alcances del decreto con el asesor legal de la CGT y diputado nacional, Héctor Recalde, el titular de la central obrera, Hugo Moyano, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, el de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, y uno de los vicepresidente de la central, el abogado laboralista Daniel Funes De Rioja.
En otras reuniones por separado Tomada recibió a los titulares de la Cámara Argentina de la Construcción, Ricardo Wagner; de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide y de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De La Vega, y a directivos de la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo (UART).
También detalló los alcances del decreto a los dirigentes Daniel Marín y Pedro Wasiejko, de la Central Argentina de Trabajadores (CTA).
Wasiejko señaló a NA que el decreto dispondrá la Conformación del Comité de Vigilancia, “que aún no estaba integrado, que será de 8 integrantes, cuatro por el sector gremial y una cantidad similar por el sector empresario”.
Indicó que la CTA “no está a favor ni en contra del decreto, porque lo que quiere es discutir una ley integral para el sector, porque es un absurdo que haya una ley de accidentes con topes indemnizatorios y listado de enfermedades cerrados”.
El sindicalista explicó que “hasta que se sancione una ley de fondo ese comité tendrá facultad para ampliar enfermedades, lo que da pie a que se puedan reconocer casos de hernia de disco, varices, alergias o stress”, que hoy no están reconocidas por la ley.
Wasiejko explicó que “es inconcebible tener una ley que no permita ampliar el listado porque la tecnología va cambiando y aparecen nuevas enfermedades, que sufren trabajadores por estar en contacto con químicos, o por situaciones de stress, ruidos o emanaciones que afectan por ejemplo la vista, y no son reconocidas por la ley”.
El sindicalista señaló que en la reunión con el ministro, no se habló del los reclamos ante la justicia, pero estimó que “al elevarse el tope indemnizatorio, seguramente hará disminuir fuertemente la litigiosidad”.
Según datos de la UIA existen unos 65 mil juicios por un monto total de 2.300 millones de pesos contra pequeñas y medianas empresas.