Fin de año complicado: inflación, tensión con el FMI, política tributaria regresiva y tarifas
Buenos Aires, nov. 15 (NA) — La economía encara este fin de año con indicadores positivos en crecimiento, pero numerosos interrogantes a futuro, ante el temor de que se siga disparando la inflación, la posibilidad remota de un acuerdo con el FMI, un superávit fiscal basado en impuestos distorsivos y la ausencia de soluciones a corto plazo para numerosas asignaturas pendientes.
Los últimos anuncios realizados por el ministro Roberto Lavagna, como la eliminación de reintegros a exportaciones alimenticias, no terminaron de convencer al mercado sobre si se trata de una estrategia adecuada para contener los precios, y provocaron revuelo entre los sectores perjudicados, como las industrias alimenticias nucleadas en COPAL, los ruralistas y empresas como las lácteas.
En cuanto a la negociación con el FMI, para el economista José Luis Espert, la imposibilidad de cerrar un acuerdo implica “girar 4 mil millones de dólares más y desangrar a la Argentina”.
En diálogo con NA, Espert defendió la necesidad de una reprogramación de pagos para evitar que se envíe dinero al FMI por un monto que representa 2 puntos del Producto Bruto Interno”.
Las tensiones entre la administración Kirchner y ese organismo multilateral parecen atravesar un camino de difícil retorno, por lo que la mayoría de los analistas considera que en 2006 tampoco habrá acuerdo y la Argentina deberá seguir pagando vencimientos con reservas.
El FMI viene reclamando que la Argentina deje flotar libremente el dólar para que la divisa norteamericana caiga a su valor real, que el organismo calcula entre 2,30 y 2,40 pesos, más en línea con los 2,20 que cotiza el real brasileño.
Sin embargo, Lavagna clausuró cualquier posibilidad de considerar esa posibilidad, al señalar que “el dólar no bajará nunca más” de los tres pesos.
Es más, gana espacio en la Casa Rosada la idea de abandonar el Fondo, que habría sido sugerida en el último encuentro entre los presidentes Kirchner y Bush en la reciente Cumbre de Mar del Plata.
Al respecto, el representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, admitió que el país podría desafiliarse de ese organismo si pretende imponer “condiciones inaceptables” para firmar un acuerdo.
“Nadie quiere irse del Fondo. Pero si las condiciones son inaceptables, esa es una posibilidad seria. No es deseable, no es una pieza de negociación, pero para tener un acuerdo se necesita voluntad de las dos partes”, sostuvo el funcionario.
Por ahora, el gobierno sigue montado sobre indicadores favorables, como el incremento del 8,5 por ciento esperado para este año en el Producto Bruto.
Lavagna destacó que el Producto Bruto y la actividad fabril alcanzaron sus máximos históricos en los últimos 43 meses, con un crecimiento del 31,5 y el 53,4 por ciento, respectivamente.
Pero, la marcha del programa actual deja muchos interrogantes abiertos, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo.
“La estructura de impuestos actual es regresiva, hay que tener en cuenta que el superávit fiscal se explica por las retenciones y el impuesto al cheque”, advierte un informe de la Fundación Pent.
Las retenciones, que Lavagna también considera un gravamen central, son fuertemente cuestionadas por poderosas entidades del agro, mientras que el impuesto al Cheque pone en pie de guerra a toda la cadena productiva.
Este gravamen a los débitos y créditos bancarios fue inventado por Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía en el gobierno de Fernando de la Rúa y, si bien no tiene razón de ser para todo el arco de tributaristas, resultó una “máquina de recaudar” que ninguno de los gobiernos que vinieron después se animó a tocar.
El impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones equivaldrán a la totalidad del superávit primario previsto para 2005, frente al 85 por ciento que representaron durante el año pasado, según un informe de la Fundación Pent.
En lo que va de 2005, el gravamen a las transacciones financieras y las retenciones representan, en promedio, el 20 por ciento de la recaudación total del gobierno nacional.
Para Manuel Solanet, titular de la consultora INFUPA, la economía argentina tiene, además, un “frente fiscal que se ve holgado, pero que es precario”, y en ese sentido se entiende que mantenga el dólar alrededor de los 3 pesos, “para no reducir los ingresos por retenciones a las exportaciones que son el puntal de los recursos oficiales”.
En tanto, el flanco de precios aparece como el escenario más complicado para el gobierno nacional.
Para noviembre, el incremento de precios esperado es del 1 por ciento, según los especialistas que consulta periódicamente el Banco Central.
Espert sostuvo que con un índice de inflación del 12 por ciento anual, no se podrá mantener la tasa de crecimiento de los últimos tres años, y esto impactará sobre la situación social, que ya de por sí es muy complicado, con casi el 50 por ciento de la población en la pobreza.
La inversión también es otro motivo de preocupación para el gobierno a pesar de que, como señaló Lavagna, ese indicador está en el “mayor nivel de los últimos 15 años”.
Lavagna aspira a que la inversión alcance el 14 por ciento del Producto en los próximos años, pero por ahora no superaría el 22 por ciento.
Tal vez el capítulo más áspero de las cuestiones pendientes para los próximos meses está vinculado con la renegociación de contratos de servicios públicos, que terminará impactando directamente sobre los precios.
El gobierno ya tiene cerrados la mayoría de los incrementos para grandes usuarios e industrias, pero aún es confuso qué se hará con los residenciales.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los funcionarios que pilotea las negociaciones, insiste en que no habrá ajustes para los consumos familiares.
Pero las empresas confían en que esos incrementos llegarán, y a ello aluden cuando hablan del “cumplimiento de los contratos”, ya que las tarifas fueron pesificadas y congeladas tras la devaluación, mientras el costo de muchos insumos de las compañías subieron un 200 por ciento porque cotizan en dólares.
Para Manuel Solanet, titular de la consultora INFUPA, “la indefinición sobre qué ocurrirá con las empresas privatizadas también dificulta la falta de inversiones”.
También anotó entre los temas pendientes la necesidad de realizar “una oferta que encauce hacia una solución negociada” a los bonistas que no aceptaron el canje porque “las relaciones de la Argentina con el mundo requieren normalizar una situación de default pendiente”.
Los últimos anuncios realizados por el ministro Roberto Lavagna, como la eliminación de reintegros a exportaciones alimenticias, no terminaron de convencer al mercado sobre si se trata de una estrategia adecuada para contener los precios, y provocaron revuelo entre los sectores perjudicados, como las industrias alimenticias nucleadas en COPAL, los ruralistas y empresas como las lácteas.
En cuanto a la negociación con el FMI, para el economista José Luis Espert, la imposibilidad de cerrar un acuerdo implica “girar 4 mil millones de dólares más y desangrar a la Argentina”.
En diálogo con NA, Espert defendió la necesidad de una reprogramación de pagos para evitar que se envíe dinero al FMI por un monto que representa 2 puntos del Producto Bruto Interno”.
Las tensiones entre la administración Kirchner y ese organismo multilateral parecen atravesar un camino de difícil retorno, por lo que la mayoría de los analistas considera que en 2006 tampoco habrá acuerdo y la Argentina deberá seguir pagando vencimientos con reservas.
El FMI viene reclamando que la Argentina deje flotar libremente el dólar para que la divisa norteamericana caiga a su valor real, que el organismo calcula entre 2,30 y 2,40 pesos, más en línea con los 2,20 que cotiza el real brasileño.
Sin embargo, Lavagna clausuró cualquier posibilidad de considerar esa posibilidad, al señalar que “el dólar no bajará nunca más” de los tres pesos.
Es más, gana espacio en la Casa Rosada la idea de abandonar el Fondo, que habría sido sugerida en el último encuentro entre los presidentes Kirchner y Bush en la reciente Cumbre de Mar del Plata.
Al respecto, el representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, admitió que el país podría desafiliarse de ese organismo si pretende imponer “condiciones inaceptables” para firmar un acuerdo.
“Nadie quiere irse del Fondo. Pero si las condiciones son inaceptables, esa es una posibilidad seria. No es deseable, no es una pieza de negociación, pero para tener un acuerdo se necesita voluntad de las dos partes”, sostuvo el funcionario.
Por ahora, el gobierno sigue montado sobre indicadores favorables, como el incremento del 8,5 por ciento esperado para este año en el Producto Bruto.
Lavagna destacó que el Producto Bruto y la actividad fabril alcanzaron sus máximos históricos en los últimos 43 meses, con un crecimiento del 31,5 y el 53,4 por ciento, respectivamente.
Pero, la marcha del programa actual deja muchos interrogantes abiertos, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo.
“La estructura de impuestos actual es regresiva, hay que tener en cuenta que el superávit fiscal se explica por las retenciones y el impuesto al cheque”, advierte un informe de la Fundación Pent.
Las retenciones, que Lavagna también considera un gravamen central, son fuertemente cuestionadas por poderosas entidades del agro, mientras que el impuesto al Cheque pone en pie de guerra a toda la cadena productiva.
Este gravamen a los débitos y créditos bancarios fue inventado por Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía en el gobierno de Fernando de la Rúa y, si bien no tiene razón de ser para todo el arco de tributaristas, resultó una “máquina de recaudar” que ninguno de los gobiernos que vinieron después se animó a tocar.
El impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones equivaldrán a la totalidad del superávit primario previsto para 2005, frente al 85 por ciento que representaron durante el año pasado, según un informe de la Fundación Pent.
En lo que va de 2005, el gravamen a las transacciones financieras y las retenciones representan, en promedio, el 20 por ciento de la recaudación total del gobierno nacional.
Para Manuel Solanet, titular de la consultora INFUPA, la economía argentina tiene, además, un “frente fiscal que se ve holgado, pero que es precario”, y en ese sentido se entiende que mantenga el dólar alrededor de los 3 pesos, “para no reducir los ingresos por retenciones a las exportaciones que son el puntal de los recursos oficiales”.
En tanto, el flanco de precios aparece como el escenario más complicado para el gobierno nacional.
Para noviembre, el incremento de precios esperado es del 1 por ciento, según los especialistas que consulta periódicamente el Banco Central.
Espert sostuvo que con un índice de inflación del 12 por ciento anual, no se podrá mantener la tasa de crecimiento de los últimos tres años, y esto impactará sobre la situación social, que ya de por sí es muy complicado, con casi el 50 por ciento de la población en la pobreza.
La inversión también es otro motivo de preocupación para el gobierno a pesar de que, como señaló Lavagna, ese indicador está en el “mayor nivel de los últimos 15 años”.
Lavagna aspira a que la inversión alcance el 14 por ciento del Producto en los próximos años, pero por ahora no superaría el 22 por ciento.
Tal vez el capítulo más áspero de las cuestiones pendientes para los próximos meses está vinculado con la renegociación de contratos de servicios públicos, que terminará impactando directamente sobre los precios.
El gobierno ya tiene cerrados la mayoría de los incrementos para grandes usuarios e industrias, pero aún es confuso qué se hará con los residenciales.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los funcionarios que pilotea las negociaciones, insiste en que no habrá ajustes para los consumos familiares.
Pero las empresas confían en que esos incrementos llegarán, y a ello aluden cuando hablan del “cumplimiento de los contratos”, ya que las tarifas fueron pesificadas y congeladas tras la devaluación, mientras el costo de muchos insumos de las compañías subieron un 200 por ciento porque cotizan en dólares.
Para Manuel Solanet, titular de la consultora INFUPA, “la indefinición sobre qué ocurrirá con las empresas privatizadas también dificulta la falta de inversiones”.
También anotó entre los temas pendientes la necesidad de realizar “una oferta que encauce hacia una solución negociada” a los bonistas que no aceptaron el canje porque “las relaciones de la Argentina con el mundo requieren normalizar una situación de default pendiente”.