Nada es más importante que cuidar la vida. Pero se demoran las otras decisiones fundamentales sobre cómo generar actividad para que sobrevivan las Pymes. Siguen sin aparecer diferimientos en las obligaciones tributarias que vencieron y vencen, en el período de aislamiento.
Todas las empresas y particulares tuvieron que pagar todos los impuestos y anticipos de AFIP que vencieron en marzo y presentar todas las declaraciones juradas sin ninguna facilidad, para no perder beneficios.
Solamente se difirió el anticipo extraordinario de Bienes Personales, se ampliaron los plazos de acogimiento de moratorias y, para algunas Pymes, se difirieron las contribuciones patronales del SIPA del SUSS de marzo, pero sujeto a un trámite que confirmará la AFIP y recién se implementó el 9/4/20.
Se tuvieron que pagar todos los sueldos de marzo y los créditos de bancos al 24% para el pago de esa nómina, dependerá de la relación de cada cliente con su Banco.
ARBA y AGIP difirieron vencimientos de marzo sólo para contribuyentes locales, los que tributan por convenio multilateral están en mora o tuvieron que pagar.
Nadie sabe si va a poder abrir su negocio o empresa y se van a ir autorizando actividades por provincia y lentamente. El aislamiento obligatorio será hasta el 26/4.
Quién o cómo se pagarán los sueldos de abril?
Quién se podrá movilizar para procesar los papeles que quedaron en las oficinas para presentar las declaraciones juradas?
Habrá algún diferimiento o facilidad de pago para los impuestos de AFIP?
Muchas firmas tendrán que despedir personal por fuerza mayor, a pesar del decreto que lo prohíbe.
Las que tienen más capacidad de resistir o tienen algo de actividad, tendrán que consensuar con sus empleados licencias por fuerza mayor con asignación de haberes parcial, con la ventaja de no ser remunerativo para el SIPA, con la contingencia de que requiere homologación del Ministerio.
La otra opción es la reducción de jornada, que también necesita consenso, pero tendría, para el empleador, el aval del decreto de aislamiento que le da la posibilidad, en el marco de la buena fe contractual, de establecer nuevas condiciones laborales para realizar tareas en función de la merma en la actividad.